El viernes 9 de octubre, la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional aprobó un informe que identifica alertas patrimoniales en 95 de las 251 autoridades locales fiscalizadas. Para contarlo eligió una figura de tránsito: un «semáforo» de alertas como metodología de la fiscalización. En rojo quedaron 41 autoridades locales y en naranja, 54; otros 90 expedientes quedaron en verde, con observaciones menores que podrían subsanarse, y 66 no registraron novedades.
Detrás de los colores hay un cruce de datos. La mesa cruzó información de organismos de control y denuncias ciudadanas y consideró variaciones patrimoniales superiores a la capacidad salarial de las autoridades, la existencia de investigaciones penales y omisiones tributarias; las alertas corresponden a sospechas y no determinan responsabilidades. El presidente de la comisión, Cristian Benavides, lo explicó así: «Lo que hemos presentado es justamente un proceso de semaforización para que el ciudadano, para que las autoridades, puedan tener la claridad de la trazabilidad de la documentación». El anexo con los nombres de las autoridades y sus jurisdicciones permanece reservado, una decisión que, según Benavides, busca proteger la presunción de inocencia.
El calendario también habló. Benavides reconoció que las conclusiones llegan en un momento preelectoral: «Ojalá pudiéramos sacar este informe después de las elecciones». El documento recibió siete votos de ADN y sus aliados, mientras los tres legisladores de Revolución Ciudadana votaron en contra. Desde esa bancada, Patricia Núñez cuestionó los criterios de clasificación y advirtió que podrían afectar la reputación de las autoridades, y Xavier Lasso planteó otra secuencia: «¿Por qué no dejamos que sea el Pleno, después del debate del Pleno, que se libere este informe?». El informe pasa ahora al pleno de la Asamblea.
El semáforo es un formato que se entiende antes de leerse: tres colores convierten un expediente técnico en una escala que cualquiera reconoce. Esa legibilidad es también su exigencia, porque un color viaja más rápido que la aclaración de que una alerta no es una condena; por eso la reserva del anexo funciona como la otra mitad del mensaje. En temporada preelectoral, la pieza se juega tanto en la metodología como en el momento en que cada luz se hace pública.