La pauta de la campaña seccional ya tiene dueño de la chequera. El Pleno del CNE aprobó el 23 de octubre la determinación del Fondo de Promoción Electoral para prefecturas, alcaldías, concejalías y juntas parroquiales rurales, y el fondo asciende a 13,4 millones de dólares. Es el monto exclusivo de financiamiento estatal con el que los sujetos políticos contratarán publicidad en prensa escrita, radio, televisión, vallas y medios digitales.
La cifra no es nueva. El monto de 13.425.631 dólares se había autorizado por unanimidad el 20 de abril; la decisión reciente corresponde a su determinación para las distintas dignidades en disputa. Además, el Estado no entrega ese dinero a los candidatos: las organizaciones eligen los medios autorizados y el CNE administra la contratación y los pagos. Por eso el organismo mantiene abierto el registro y calificación de proveedores de promoción electoral, con un formato de tarifas referenciales.
El reloj es corto. La campaña publicitaria durará dos semanas, del 12 al 26 de noviembre, y el 29 de noviembre se elegirán autoridades locales y siete vocales del CPCCS. La competencia por ese espacio será amplia: más de 53.000 candidatos buscarán aparecer en la misma franja. Y la información pública difundida hasta ahora no permite establecer cuánto corresponderá a cada candidatura; el CNE supervisará el uso de los recursos, que no podrán destinarse a fines distintos a la promoción electoral.
Cuando el Estado paga la pauta, la ventaja ya no está en el presupuesto sino en la pieza: el mismo segundo de radio o el mismo metro de valla rinden distinto según la claridad del mensaje. Con dos semanas de aire, las campañas que lleguen con el material grabado, versionado por medio y pensado para repetirse sin desgaste sacarán más de cada espacio contratado. La elección del proveedor también es una decisión de mensaje: una radio cantonal y un anuncio digital no hablan al mismo elector.