El 24 de septiembre de 2026, El Universo reportó que, por primera vez, tropas del Comando Sur participaron directamente en allanamientos en Ecuador, en coordinación con la Policía Nacional. El despliegue, según ese relato, sumó 50 militares estadounidenses, agentes de la DEA y una fiscal de ese país, junto a más de 320 policías, contra una estructura vinculada al CJNG.
El parte ya no se detiene en el recuento de detenidos. El mismo medio describió el inventario visible: uniformes con sistemas inhibidores frente a drones, un vehículo con antenas para bloquear señales, cascos con visores nocturnos y comunicación en tiempo real por audífonos y micrófonos. El ministro del Interior, John Reimberg, explicó que la tecnología permitía transferir datos de dispositivos en minutos, frente a un circuito habitual —Criminalística y orden judicial— que habría tomado semanas.
Hubo también una regla de cámara: los representantes estadounidenses pidieron a los medios no grabarlos de frente, porque sus chalecos llevaban placas de identificación. Reimberg ingresó a una de las viviendas en Puerto Mocolí para supervisar. En declaraciones recogidas por El Mercurio, el ministro subrayó que el presidente había autorizado operaciones de tropas norteamericanas en territorio ecuatoriano y que el trabajo se hacía «en compañía de Policía Nacional».
El operativo se comunica en dos capas: el inventario tecnológico como prueba de capacidad, y el protocolo de no mostrar rostros ni placas como límite de lo filmable. La presencia del ministro en el umbral convierte la supervisión en escena. Quien lee el catálogo entiende que la cooperación ya no se anuncia solo con un tuit: se enseña por el equipo y se acota por la cámara.