Este 22 de septiembre de 2026, Washington Andrade y Leonidas Iza acudieron a la Corte Constitucional, en Quito, para presentar una acción extraordinaria de protección. Buscan reactivar el trámite de revocatoria de mandato del presidente Daniel Noboa y de la vicepresidenta María José Pinto, después de que el Tribunal Contencioso Electoral rechazara su apelación y archivara la causa el 18 de agosto.
La plataforma Revoca EC pide que la Corte deje sin efecto la sentencia del TCE —que había ratificado la negativa del Consejo Nacional Electoral a entregar formularios— y que el CNE habilite la recolección de firmas. Andrade, vocero de la iniciativa, pidió celeridad «por tratarse de un asunto de trascendencia nacional» y anticipó que, de prosperar el recurso, arrancaría una «minga nacional» de firmas.
El mensaje no quedó solo en el expediente. Iza habló en los exteriores de la sede de la Corte: «Esta lucha, que hemos encaminado los campesinos, los obreros, los indígenas, no responde a una agenda política, responde a una lucha sobre la cruda realidad que estamos viviendo». Andrade, por su lado, dijo ante micrófonos que «la Función Electoral le ha fallado al pueblo ecuatoriano».
En paralelo al trazo jurídico, el mismo acto de puerta fijó un segundo frame: Iza afirmó que irán «hasta las últimas consecuencias» en el campo jurídico, pero que si la Corte no responde «en términos democráticos» se acogerán al derecho a la resistencia previsto en la Constitución, con la posibilidad de una movilización social. Verónica Naranjo, de UniTierra, invitó a organizaciones y bases a sumarse.
El CNE había negado los formularios a mediados de julio, según Expreso, al sostener que no se acreditó incumplimiento del plan de trabajo ni transgresión de atribuciones constitucionales. La cadena ahora es CNE → TCE → Corte, y cada escalón se convierte en escena pública.
Presentar el escrito y declarar en el umbral son dos formatos del mismo día: uno institucional, otro de puerta con cámara. El oficio aquí no está en el fondo del recurso, sino en el orden del mensaje —agotamiento de vía, pedido de celeridad, anuncio de minga y, de inmediato, el ancla de la resistencia— para que el trámite judicial se oiga también como convocatoria.